sábado, 20 de diciembre de 2014

Ocaso del fiscal Ramos Heredia



Según el Semanario Hildebrant en sus Trece, tres ex trabajadores del procesado Rodolfo Orellana Rengifo afirmaron ante la comisión investigadora  del Congreso de la República, que el ahora Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, visitó en varias oportunidades las oficinas del seudo empresario de la avenida Guardia Civil en el distrito de San Borja.
Las ex trabajadoras, María Yolanda Zaplana, Adriana Angulo y Rocío Rojas Castallares afirmaron haber visto al entonces jefe de control interno de la fiscalía de la Nación en la entrega de regalos a los trabajadores en diciembre del 2008 y al menos ingresar al inmueble una vez al mes, durante el 2009.
Los testimonios fueron recogidos el 7 de diciembre último, en sesión reservada, ante la comisión presidida por el congresista Vicente Zevallos.
Las letradas al enterarse de la publicación periodística, señalaron su malestar y preocupación que, sus testimonios hayan sido difundidos.
En tanto, el aludido Fiscal Supremo indicó a un medio local que la versión periodística es falsa y que es una estrategia de Orellana.

El caso Checa
Según reportes del Consejo Nacional de la Magistratura habrían tres solicitudes de suspensión de funciones del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia.
De los tres pedido, tan solo se abrió pasó el pedido del Congresista Modesto Julca Jara que presentó denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el titular del Ministerio Público, por su cuestionada actuación como jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno y remitió copia de los actuados al CNM.
Luego de una exhaustiva investigación realizada por los consejeros del CNM, decidieron abrir proceso disciplinario contra el Fiscal Supremo, por su cuestionada actuación en la destitución del fiscal provincial José Luis Checa Matos; suspensión al fiscal superior Marco De la Cruz Espejo; y, sanción de once fiscales provinciales por haber emitido un comunicado de respaldo a la fiscal provincial anticorrupción Nancy Melgarejo Valenzuela.
Según la Resolución 213-2014-PCNM del 05/12/14 encuentran responsabilidad en Ramos Heredia por la destitución del fiscal Checa Matos y suspensión de Marco De La Cruz.

Según la parte expositiva de la resolución, se puede apreciar en el análisis de los letrados del CNM, concluyen:


Y respecto a la suspensión del fiscal superior, las conclusiones se muestran más contundentes contra el entonces jefe de control interno:


Actualmente pesan serios cuestionamientos contra el fiscal de la Nación. Sin embargo, estos dos hechos descritos son muy graves, como el testimonio de las tres ex trabajadoras del procesado Rodolfo Orellana Rengifo que afirman haberlo visto en las oficinas deparando el festejo navideño y las resoluciones emitidas durante su actuación como jefe de la control interno de la fiscalía de la Nación, en desmedro del actuar de los fiscales provinciales anticorrupción que decidieron hacerle frente a la cúpula delictiva de César Alvárez en Ancash; evidencian corrupción al más alto nivel.
Es momento que el CNM marque historia, sancionando con el rigor de la Ley al Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia.

lunes, 27 de octubre de 2014

Burga: Fútbol y Lavado de activos


El 'cambiazo' que salvó a Burga

Un policía aplicado recibe el encargo de investigar a Manuel Burga por lavado de dinero. Luego de sus pesquisas, elabora un atestado donde expone en detalle los resultados de su investigación y concluye que existen suficientes indicios para denunciar al presidente de la Federación Peruana de Fútbol y dos de sus asociados por el delito de lavado de activos. El atestado nunca llega a la Fiscalía. Esta es la historia de ese cambiazo.

Por: Juan Carlos Ortecho y Carlos Neyra (Revista PODER)

En lugar del atestado, lo que llega a la Fiscalía es un simple parte policial, es decir, un documento sin contenido incriminatorio, en el que se concluía que no existía evidencia suficiente para denunciar a los investigados. A consecuencia de ello, se archiva el caso. Burga y sus allegados respiran tranquilos, por lo menos por ahora.
Estos hechos, ocurridos entre los años 2010 y 2012 –mientras la afición futbolística vivía una luna de miel con el técnico de la selección Sergio Markarián– fueron comprobados por un equipo de investigación de la revista PODER, en base a testimonios y documentos que apuntan a que habría existido un manejo irregular en sede policial de la investigación al Presidente de la Federación Peruana de Fútbol y otros personajes de su entorno.
LA HISTORIA QUE DESCUBRE EL POLICÍA 
La investigación periodística de PODER descubrió la historia de Dante Gamarra Zuñé, el diligente suboficial de la División de Lavado de Activos de la PNP, cuyo último caso en su carrera policial era la tarea de seguirle el rastro a la denuncia formulada en marzo del 2010 por la Procuradora contra el Lavado de Activos, Julia Príncipe, por el delito de lavado de dinero en el que estarían comprometidos Manuel Burga Seoane, y sus socios, Enrique Pacheco Farromeque y Enrique Pacheco Velarde. 
SUBOFICIAL EN RETIRO DANTE GAMARRA. CONCLUYÓ QUE EXISTÍAN INDICIOS QUE MANUEL BURGA Y OTROS ESTABAN IMPLICADOS EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. SU ATESTADO NUNCA LLEGÓ A LA FISCALÍA
Los hallazgos del policía cuentan una historia que se inicia con la conformación de una escuela de entrenadores de fútbol denominada “Instituto Alfonso Huapaya Cabrera”. Este instituto fue creado por una resolución del Ministerio de Educación en el año 2001 y operó desde entonces en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol. 
La información detallada en el atestado sostiene que a solicitud de Manuel Burga, el Ministerio nombró como director del referido instituto a Enrique Alejandro Pacheco Velarde en Octubre del 2003. Pero el suboficial Gamarra refiere que quien en la práctica dirigió la entidad fue el hijo de Pacheco Velarde, Enrique Alejandro Pacheco Farromeque.
¿Por qué es importante este dato? Porque como veremos más adelante, el Instituto Huapaya jugará un rol central en el manejo y desvío de fondos y recursos que correspondían a la Federación Peruana de Fútbol. 
Es imposible que Manuel Burga niegue conocimiento del funcionamiento irregular de la mencionada institución, pues en el libro de actas de la FPF consta su presencia en la sesión de directorio del 01 de diciembre del 2004, cuando se instala la Junta Directiva del Instituto Huapaya y se otorga facultades a Enrique Alejandro Pacheco Farromeque como director para la correspondiente inscripción de la institución en SUNARP y SUNAT.
Es decir, Burga propuso a Pacheco Velarde como director ante el Ministerio de Educación e internamente designó a Pacheco Farromeque para que maneje el Instituto Huapaya. ¿Por qué lo hizo? El atestado de Gamarra indica que el hombre de confianza de Burga era Pacheco Farromeque, pero que como este último no contaba con título universitario se utilizó al padre, un abogado jubilado y ex trabajador del Estado para que preste su nombre. 
ACTA DEL INSITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ALFONSO HUAPAYA CABRERA. EL MINISTERIO HABÍA DESIGNADO A ENRIQUE ALEJANDRO PACHECO VELARDE COMO DIRECTOR, PERO QUIEN FIRMABA ERA SU HIJO, ENRIQUE ALEJANDRO PACHECO FARROMEQUE. PACHECO FARROMEQUE NO CONSIGNABA SU APELLIDO MATERNO EN SUS SELLOS OFICIALES.
Con las facultades otorgadas por Burga y su Junta Directiva, en abril del 2005 Pacheco Farromeque registra en la Sunat la Asociación Civil No Gubernamental Instituto Superior Tecnológico Privado Alfonso Huapaya Cabrera.
Durante su investigación, el suboficial Gamarra pudo obtener documentos del Congreso de la República, cuya Comisión (Comisión investigadora de la crisis que afronta la práctica del deporte en el país, especialmente el fútbol), presidida por Renzo Reggiardo había levantado el secreto bancario al Instituto Huapaya y a los miembros de su Junta Directiva (incluyendo a Pacheco Farromeque). 
Gracias a esta información, el atestado del policía consignó que en virtud de una adenda al convenio específico suscrito por Burga y Pacheco Farromeque en julio del 2007, los millonarios ingresos captados por la Federación por concepto de derechos de televisión y patrocinio fueron administrados por el Instituto Huapaya. De esta manera, se registran solo entre el 2007 y el 2008 ingresos de por lo menos 11’954,572 soles en las cuentas bancarias del Instituto Huapaya, según información consignada en el atestado de Gamarra. 
FOTO: ATESTADO GAMARRA
El 2007 es un año de especial atención pues se inician las eliminatorias para el mundial de Sudáfrica 2010. Y no solo porque se lleva a cabo la campaña más desastrosa de la selección peruana en esa instancia, al mando de José ‘Chemo” Del Solar, sino porque la Federación había suscrito un contrato con la Compañía Andina de Radiodifusión (ATV) para la transmisión de los partidos del equipo del ‘Chemo’ por el importe de 6 millones de dólares. 
El 2 de Agosto de ese año, días antes del debut contra Paraguay, Burga informó a la Junta Directiva de la Federación que en vista de que se encontraba impedido de ejercer su cargo por una inhabilitación pendiente del IPD, le había solicitado a ATV que abone la primera cuota del contrato en una cuenta del Instituto Huapaya. 
Pocos días después, se verifica el abono de S/ 1’785,000 soles de parte de Andina de Radiodifusión S.A.C. en una cuenta de la Asociación Civil Instituto Huapaya. Esto quiere decir que por un período de tiempo de más de un año entre el 2007 y el 2008, los millones de dólares que correspondían a la Federación Peruana de Fútbol fueron administrados por el representante legal del Instituto Huapaya, Sr. Enrique Pacheco Farromeque.
Coincidentemente, la investigación de Gamarra determinó que fue el año 2005 –mientras Perú era eliminado en las clasificatorias para el mundial de Alemania bajo la dirección técnica de Freddy Ternero– el del inicio del despegue económico de Enrique Pacheco Farromeque. Entre el 2006 y el 2008 Pacheco Farromeque registra en sus cuentas bancarias personales ingresos por más de un millón de dólares. En el proceso también adquiere a título personal cuatro inmuebles -incluyendo una casa de playa-, una veintena de vehículos y una embarcación marítima. 
EL ITINERARIO DEL EXPEDIENTE Y LAS ACUSACIONES PENDIENTES
Estas irregularidades dieron lugar a que el Procurador del Ministerio de Educación denunciara a Burga y los Pacheco por los delitos de apropiación ilícita y contra la fe pública en julio del 2008, denuncia que fue asumida por la 57 Fiscalía. Posteriormente, y con esa investigación en curso, la Procuradora Príncipe presentó una denuncia por lavado de activos y defraudación tributaria frente a la 36 Fiscalía en marzo del 2010. 
En el primer proceso, la 57 fiscalía formuló acusación por "peculado impropio y asociación ilícita para delinquir", caso que actualmente se ventila en el 16 juzgado Penal. El segundo proceso –el de lavado de activos– fue dilatado por Manuel Burga y sus asociados con la presentación de un Hábeas Córpus en junio del 2010. A su solicitud, el Octavo Juzgado Penal de Lima ordenó a la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional detener la investigación hasta que no se resolviera la acción de garantía presentada por los denunciados.
El Hábeas Corpus fue declarado improcedente. Mientras tanto, y luego del "cambiazo" de atestado a parte, la 36 Fiscalía remitió los actuados a la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, por disposición de la 8va Fiscalía Superior. En esa instancia, el Fiscal Fredy Eloy Vizcarra Villegas dispone el archivo definitivo de la denuncia.
Sin embargo, la Procuradora Príncipe apeló la decisión y la Tercera Fiscalía Superior dispuso que se amplíe las investigaciones.
EL ATESTADO PERDIDO
De vuelta a la historia del atestado escondido, Gamarra concluyó al final de su investigación que detrás de los cientos de movimientos bancarios y societarios entre las personas jurídicas y naturales sobre los que puso la lupa, existía una organización criminal que tenía como finalidad desviar el dinero de las arcas de la Federación Peruana de Fútbol, para el aprovechamiento de terceros que nada tenían que ver con la organización deportiva. 
Los hallazgos de dicha investigación fueron plasmados en un atestado que el policía entregó días antes de su retiro a su superior directo, el entonces Jefe de la División de Lavado de Activos de la DIRINCRI, coronel Renato Solís Torres.
Grande fue la sorpresa de Gamarra cuando descubrió que el efectivo policial que lo relevó en el caso, el suboficial Pedro Mejía Arias, había elaborado un parte que decía que no era factible pronunciarse “sobre la existencia o no del delito de lavado de activos” de parte de Manuel Burga y sus supuestos cómplices. 
Más aún, comprobó que los indicios incriminatorios de su investigación habían sido eliminados del documento que la policía finalmente remitió a la fiscalía. Por ejemplo, en el listado de propiedades de Pacheco Farromeque, se había eliminado la existencia de un inmueble y de la embarcación marítima. La persona que decidió eliminar esta información, sin embargo, no tuvo el cuidado de suprimir el encabezado, quedando en evidencia cómo el atestado de Gamarra fue cercenado:
- Página 27 del atestado:
Página 15 del parte policial, donde se evidencia que dos propiedades, incluyendo la embarcación marítima fueron dejados fuera:
Conclusión del atestado del Suboficial Gamarra:
Conclusión del Parte del Suboficial Mejía:
Gracias a este último documento, el Ministerio Público dispuso que se archivara definitivamente la denuncia contra Burga y sus presuntos cómplices, Enrique Pacheco Farromeque y Enrique Pacheco Velarde. 
-"¿Por qué lo hicieron?, ¿Para qué lo hicieron?, ¿Qué presión tuvieron?" – son la preguntas que se hace hasta ahora el ex policía Dante Gamarra.

GENERAL RENATO SOLÍS TORRES, EX JEFE DE LA DIVISIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ACTUAL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA ANTICORRUPCIÓN. EL SUBOFICIAL GAMARRA DICE HABERLE HECHO ENTREGA DEL ATESTADO QUE INCRIMINABA A BURGA Y SE CONVIRTIÓ EN UN SIMPLE PARTE POLICIAL. (RENIEC) 
Las respuestas las tienen el entonces Jefe de la División de Lavado de Activos, Renato Solís Torres y el Suboficial Pedro Mejía Arias. Cabe anotar que Solís fue ascendido a general en marzo del 2013 e inmediatamente asumió la jefatura de la Policía Anticorrupción, cargo que ocupa hasta ahora, pese a haber sido separado temporalmente de la fuerza policial un año antes cuando se encontraba todavía en la jefatura de Lavado de Activos y fuera denunciado por presuntamente extorsionar a un empresario investigado. 
PODER solicitó una entrevista con ambos oficiales para conocer su versión, pero la división de prensa de la Policía Nacional del Perú, nos contestó que por el momento “no era factible” atender nuestra solicitud. 
LOS INDICIOS QUE FUERON ELIMINADOS
En su investigación, el suboficial Gamarra verificó: 
1) La existencia de millonarios movimientos bancarios en las cuentas de una institución educativa (el Instituto Huapaya) que apenas contaba con la matrícula de unos 160 alumnos por año.
2) La irregular participación del Instituto Huapaya en el manejo financiero de los ingresos que le corresponden a la Federación Peruana de Fútbol.
3) Un repentino y considerable incremento en el patrimonio de Enrique Pacheco Farromeque, desde el momento en que recibió el encargo de dirigir al Instituto Huapaya de parte del presidente Manuel Burga.   

domingo, 5 de octubre de 2014

Elecciones Perú 2014: Dinero de Manuel Gambini contamina las elecciones

Manuel Gambini, quien es candidato en las elecciones regionales, pudo haber recibido dinero proveniente del narcotráfico.
En su candidatura a la gobernación de la región de Ucayali, Manuel Gambini menciona reiteradamente los elogios del gobierno estadounidense le ha hecho por impulsar el cultivo de cacao en lugar de la hoja de coca en esta zona productora de cocaína.

Sin embargo, este político al que alguna vez la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) describió como un "socio nuevo y dinámico" es ahora investigado por lavado de dinero luego de haber amasado una fortuna pese a su modesto salario como alcalde.
Gambini es uno de los centenares de candidatos en las elecciones locales que se encuentra bajo sospecha de haber recibido dinero proveniente del narcotráfico, fenómeno que amenaza con secuestrar la democracia en un país que hace dos años se convirtió en el mayor productor de cocaína en el mundo.
La infiltración del dinero del narco en la política de Perú es tan descarada y generalizada que podría compararse con las condiciones que antecedieron a la sangría política que enrareció el ambiente político en México y Colombia.

Gambini, de 43 años y ex cultivador de coca, figura entre al menos siete candidatos a la gobernación, una cuarta parte de las 24 regiones de Perú, a los que se investiga por delitos relacionados con el tráfico de narcóticos.

Cocaine cash is polluting Peruvian politics

Story user rating:
    

By FRANK BAJAK
Published: Yesterday

In this Sept. 25, 2014 photo, supporters of Irazola’s two-term mayor and Ucayali gubernatorial candidate Manuel Gambini, attend his campaign rally in Irazola, Peru. Gambini is among hundreds of candidates in the Oct. 5 nationwide local and state elections suspected of being bankrolled by drug trafficking, a phenomena that threatens to hijack democracy in a country that became the world’s top cocaine-producer two years ago. (AP Photo/Rodrigo Abd)
IRAZOLA, Peru (AP) - In his run for governor of a rough Peruvian jungle state, Manuel Gambini has repeatedly cited his plaudits from the U.S. government for promoting the cultivation of cocoa beans over coca leaves in this cocaine-producing hotspot.
But the man the U.S. Agency for International Development held up as recently as 2012 as a "dynamic new partner" is now under investigation for MONEY laundering, having amassed a curious-sized fortune despite a small mayoral salary.
Gambini is among hundreds of candidates in Sunday's local and state elections suspected of being bankrolled by drug trafficking, a phenomena that threatens to hijack democracy in a country that became the world's top cocaine producer two years ago. The infiltration of drug MONEY in Peru's politics has become so brazen and widespread as to draw comparisons with the conditions in Colombia and Mexico that preceded major political bloodletting.
"We are now a despicable reflection of what Colombia was - and what Mexico is today," said Sonia Medina, Peru's public prosecutor for drug enforcement. Peru is far less violent, but drug-related murders have been on the rise since the mid-2000s, when Colombian and Mexican traffickers began arriving in greater numbers.
One of every three Peruvian voters lives in a region with candidates under investigation, on trial or previously convicted of drug-related crimes. Medina said her office has identified 700 such candidates.
Gambini, a 43-year-old former coca farmer, is among at least seven gubernatorial candidates - in a quarter of Peru's 24 states - under investigation for drug trafficking or related crimes.
A separate "narco candidate" list compiled by the interior minister names 124 electoral hopefuls, including two current governors.
Of note is an incumbent mayor, Silvia Cloud, whose husband is a fugitive drug boss in the Upper Huallaga Valley, cradle of the global cocaine trade.
In Irazola, one of Gambini's associates, a convicted cocaine trafficker, is running for mayor. He has been the district's treasurer since 2009.
And in the state of Huanuco, Luis Picon is running for re-election even though he faces probes FOR MONEY laundering, drug trafficking, embezzlement, tax evasion and illegal enrichment. A report by financial investigators details questionable deposits of $4 million - mostly in cash - made to companies he and two of his brothers own.
Picon, who hails from the heart of coca country, denied Medina*s claim that his companies don't make a profit and are propped up by illicit INCOME.
"We are more than happy to cooperate in this kind of investigation," he told The Associated Press when questioned after a campaign rally last weekend just outside Huanuco, eponymous capital of the state he governs. He said the unusual cash deposits should be "investigated scientifically."
But Medina says Picon has resisted cooperation at every turn in the money-laundering probe, which was opened in 2010 and which a local prosecutor tried to shelve last year. That happens to her all the time, Medina says.
Picon could soon find resistance more complicated. He has just been ordered to appear Tuesday before a judge after a prosecutor requested he be jailed preventively on charges of allegedly embezzling $50 million from overvalued public works projects, said Christian Salas, Peru's anti-corruption public prosecutor.
Gambini entered the governor's race in adjacent Ucayali state after a MONEY laundering probe made national headlines, sidelining the incumbent.
As two-term mayor of Irazola, a poor farming district where the Andes meet the Amazon, Gambini enriched himself as well as relatives and associates "closely tied to drug trafficking," according to an eight-page order for a MONEY laundering probe issued Aug. 29 and obtained by AP.
Supporting documents say Gambini personally acquired more than 38 square miles (10,000 hectares) of land, some of which "may have coca fields," has two homes worth $180,000 and is now president of the soccer club based in the regional capital of Pucallpa, whose monthly payroll exceeds $50,000.
As mayor, he earns less than $2,000 a month.
Since Gambini first entered office in 2007, the order said, he apparently hid his wealth through his brother and several associates, transforming "simple farmers into economic potentates" with multiple properties, late-model SUVs and heavy trucks.
At a political rally last week that featured free beer on ice, Gambini denied the accusations, calling them lies fabricated by political foes.
He said that his land holdings amount to half-a-square mile (130 hectares) and that he owned a saw mill before being elected mayor. He gave up growing coca in 2003 at the encouragement of USAID, he said.
___
Critics say Peru's lawmakers have intentionally made its political system fertile ground for dirty money through inaction or intentional legal loopholes.
Gambini, for example, does not mention his earnings or holdings in the official biography submitted to the National Electoral Commission and posted online. It is not required.
Of the roughly 126,000 candidates, only 11 percent filed such disclosures, according to the independent watchdog group Transparencia, which partnered with news website Utero.pe to compare official bios with various public databases. They discovered 1,395 convicted criminals, including 13 drug traffickers. In Peru, convicted criminals are not barred from elected office as long as they've been "rehabilitated" by court order.
Ricardo Soberon, a former drug czar, said institutions tasked with fighting illicit activity are, at best, indifferent. "Politics has lost all ethical sense. Now, it's just about being a pickpocket," he said.
Take campaign finance law. The penalty for failing to report a campaign donation is the loss of public financing. But there is no public financing. It was authorized in a 2003 law but the Finance Ministry has yet to free up any MONEY.
Peru's banking secrecy law is no better. Reports of suspicious financial operations are up 30 percent to 40 percent this year, said Sergio Espinosa, director of the country's Financial Investigations Unit. Yet his office can't widen probes to include other banks and tax records without a prosecutor's approval. And he is barred by law from sharing suspicious activity reports with police.
Peru has had fewer than 20 MONEY laundering convictions, by Espinosa's estimate, and none involving a politician.
All of which helps make political campaigning a no-holds-barred affair in places like Huanuco, which straddles the Andes ridge.
While one can't legally buy a house in Mexico or Colombia with a bag of cash, it is common in Peru. Luis Picon and his brothers bought 21 properties from 2003 to 2012, all with cash, according to the financial investigations report.
___
A decade after USAID approached Gambini and other local farmers about planting cacao and African palm instead coca leaf, Irazola is a top cacao producer and Gambini has gotten much of the credit.
In 2008, the U.S. government agency paid his way to Miami for a conference of mayors from across the Americas.
In March 2011, Gambini attended a meeting with then-U.S. Ambassador Rose Likins and the Ucayali governor as USAID renewed its commitment to the region. An embassy press statement said USAID had invested more than $50 million in the region over the past 15 years.
A year later, a USAID report highlighted Gambini as "a dynamic new partner" who helped transform Irazola into a "model for alternative development."
But back home, local activists filed legal complaints against Gambini for alleged embezzlement and fraud. They say he awarded contracts to cronies for projects that were never finished or poorly executed.
In one case, Gambini plowed more than $4 million of public MONEY into providing electricity, water and sewers to the 400-family community of Neshuya. He then helped arrange the sale of the land to a close associate, residents claim, who then began selling people the parcels beneath their homes at inflated prices.
Gambini denies the accusations. But the community's former leader, Eugenio Longa, said those abuses led residents to publicly denounce him.
The U.S. Embassy in Lima said in a written response to AP questions that it had requested a background check on Gambini before the 2008 trip to Miami. It did not say who performed the check, what it found, or how much USAID assistance went to Irazola's district government. Most of the aid, it said, went to farmers through contractors and non-governmental groups.
It cited U.N. figures on the district's coca crop dropping from 3.5 square miles (908 hectares) in 2009 to 2.3 square miles (591 hectares) last year.
In March, police seized 28 kilograms (about 62 pounds) of unrefined cocaine found in a moto-taxi, but the local prosecutor did nothing, Longa said. A group of local men immediately filed a complaint with a senior Pucallpa prosecutor.
The official, Pedro Cesar Rios, told the AP that the alleged misconduct remains under investigation.
Asked about the drug seizure, Gambini said he didn't know anything about it. "That's not the responsibility of the mayor."
A mayor shouldn't be aware of cocaine seizures in his district? "No, no, when there's that kind of investigation, a seizure, the police do it discreetly, and the mayor doesn't know," he said.
Gambini acknowledged that cocaine trafficking remains a problem, especially in the district next door, where coca eradication is currently underway and where Peruvian marines were seen patrolling with assault rifles.
"I don't get involved in any of that," said Gambini," because if I did, the mafia would kill us."
___
Investigative researcher Carlos Neyra contributed to this report.

http://m.apnews.com/ap/db_306488/contentdetail.htm?contentguid=7Onwj01X